La CNE, contra el “impuesto al sol”
- octubre 3, 2013
- cuchaguilera
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El nuevo ‘peaje de respaldo’ al autoconsumo de electricidad incluido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la propuesta de real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que en diversos ámbitos del sector ya se conoce como «impuesto al sol» ha sido criticado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que emitió el pasado 9 de setiembre su informe preceptivo. En dicho informe considera el peaje discriminatorio y suficiente para hacer inviables los proyectos y aboga por su eliminación por limitar la competencia a través de la imposición de una barrera económica que hiciera no rentables las inversiones en autoconsumo, ya que en los términos planteados por Industria, una instalación doméstica tendría un periodo de retorno de 35 años.
La CNE considera que el trámite de urgencia con el que se plantea la consulta coincide en el tiempo con el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, en trámite, y no garantiza la participación efectiva de los distintos agentes involucrados. Destaca la CNE que la propuesta desarrolla un cambio esencial del modelo retributivo aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos ya establecido en el reciente Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, siendo un modelo novedoso, que no tiene reflejo en la UE y que debe ser desarrollado mediante orden ministerial que establecerá unos parámetros difíciles de concretar y cuantificar, sobre todo para las instalaciones existentes.
Recuerda también la CNE que la razón de ser de la existencia de los incentivos económicos a la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos es corregir uno de los llamados “fallos de mercado” en el sentido de compensar los costes ambientales, sociales y de suministro a largo plazo que otras formas de generación no internalizan por completo, para así definir un terreno de juego equilibrado y conseguir un desarrollo energético económica y medioambientalmente sostenible que cumpla además con los objetivos previstos en la planificación y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea.
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