La ocupación directa, un procedimiento que plantea algunas reflexiones.

La ocupación directa, un procedimiento que plantea algunas reflexiones.

La ocupación directa, un procedimiento que plantea algunas reflexiones.

Cuando el planeamiento urbanístico incluye unos terrenos de cesión obligatoria y  gratuita a favor de la Administración, en el seno de un ámbito de reparcelación, y dicha administración necesita de forma anticipada obtener dichos terrenos, puede recurrir al mecanismo de la ocupación directa.

En méritos a la ocupación directa, la Administración adquirirá de forma inmediata los terrenos sin indemnizar previamente al particular por el total valor de la finca y, cuando posteriormente se ejecute la reparcelación, el propietario recuperará los derechos urbanísticos correspondientes a la finca que le ha sido sustraída con anterioridad.

Ello beneficia a la Administración, pues podrá ejecutar los viales o zonas verdes que necesite de forma inmediata, pero debilita la posición del propietario del suelo, pues  perderá la posesión de la finca sin recibir a cambio, en ese momento, más que los perjuicios por la ocupación del suelo (por ejemplo, el valor de las cosechas pendientes), pero no el valor del suelo (como sucede con la expropiación forzosa).

Como garantía de seguridad jurídica, la ley establece dos previsiones:

  1. Por un lado, exige la justificación de la necesidad de ocupación, siguiéndose un procedimiento sujeto a publicidad y notificando a las personas afectadas por la ocupación.
  2. Por otro lado, la ley prevé la reconducción de la ocupación directa a la expropiación forzosa a instancia del propietario, para el caso de que transcurridos 4 años desde la ocupación efectiva de la finca, no se produzca la aprobación definitiva del instrumento de reparcelación.

Estas dos cuestiones plantean ciertas reflexiones jurídicas:

En primer lugar, hay quien considera que la ocupación directa es, en esencia, una modalidad expropiatoria y que, por ello, esta figura resultaría inconstitucional al quedar regulada por las Comunidades Autónomas pese a ser la expropiación forzosa una competencia exclusiva del estado.

En segundo lugar, la garantía de reconducción del expediente a un procedimiento expropiatorio es a día de hoy cuestionable por la suspensión del artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, que reconoce el derecho a la expropiación por ministerio de la Ley, a instancias del particular. Ello podría provocar que, transcurridos los 4 años de ocupación efectiva sin que la reparcelación se hubiere aprobado, cuando el ciudadano instara la expropiación por ministerio de ley, la Administración actuante le contestara que dicho instrumento legislativo está en suspenso por lo que no procede iniciar el expediente expropiatorio.

Sin embargo, cabría preguntarse si, en este último caso, sería ajustado a derecho denegar la expropiación por estar suspendido el citado precepto, cuando ha sido la Administración la que ha expresado, de forma evidente y concluyente, la voluntad (en puridad, la  necesidad) de incorporar los terrenos afectados al dominio público, por lo que podría entenderse discriminatorio y confiscatorio negar al propietario el derecho a recibir la indemnización por los terrenos que le han sido efectivamente sustraídos, en base a una necesidad de ocupación legalmente declarada.

En definitiva, más allá de plantearse si la ocupación directa es o no constitucional (debate que no puede resolverse en este artículo), consideramos que no sería admisible por parte de la Administración sustraer primero la finca del patrimonio de un particular y, posteriormente, ante la falta de tramitación de la reparcelación, denegarle el derecho al cobro del justiprecio de la misma escudándose en un argumento exclusivamente formalista.

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