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La Vía de Hecho de la Administración

La Vía de Hecho de la Administración

La Vía de Hecho de la Administración

Aunque la Administración no siempre actúa de acuerdo con la ley, ello no quiere decir que toda infracción normativa implique una vía de hecho. Cuando dicha infracción es especialmente grave por falta de competencia o de procedimiento, es conveniente denunciar inmediatamente dichas irregularidades y preparar los elementos de prueba, no solo de la titularidad de la finca, sino también de los daños y perjuicios económicos ocasionados con dicha ocupación irregular, para poderlos reclamar adecuadamente ante el Juzgado o Tribunal correspondiente.

Para analizar la vía de hecho de la Administración hay que partir del artículo 103 de la Constitución española, según el cual la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Ello quiere decir que, mientras que los particulares básicamente estamos amparados en nuestras conductas por el principio de libertad, con los solos límites de las obligaciones y prohibiciones que marcan las leyes, las Administraciones solo pueden (y deben) hacer aquellas actuaciones que están previstas por la ley, y de la forma en que dicha ley establece.

Así, un Ayuntamiento, por ejemplo, solamente podrá imponer una sanción, conceder una subvención o hacer una obra pública si previamente una norma ha previsto dicha potestad, le ha conferido las competencias para hacerlo, ha establecido el procedimiento a seguir, y efectivamente lo ha seguido. En caso contrario, no estará actuando ni con objetividad ni con pleno sometimiento a la ley y a derecho: incurrirá en lo que se conoce como “actuación material” o “vía de hecho”.

La definición y regulación de la “vía de hecho” se encuentran en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Es lógico que sea así: las leyes de procedimiento administrativo no regulan la vía de hecho (pues es precisamente la falta de procedimiento lo que caracteriza la vía de hecho), sino que lo que está regulada es la reacción que puede adoptar un particular ante un supuesto de este tipo.

DEFINICIÓN: Según el artículo 51.3 de la LJCA, “Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.”. Por consiguiente, partiendo de dicho precepto puede definirse la vía de hecho como aquella actuación de la administración realizada fuera de sus competencias y/o sin ajustarse a las reglas del procedimiento legalmente establecido.

Ello se daría, por ejemplo, si un Consejero de Cultura ejecutara una orden de cierre de una industria por carecer de licencia ambiental, o bien si un alcalde ocupara una finca privada para una obra pública sin haber seguido los trámites de la expropiación forzosa.

REGULACIÓN: Según el artículo 30 de la propia LJCA En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.”.

Así pues, ante una actuación realizada por órgano manifiestamente incompetente o sin seguir el procedimiento adecuado, el particular puede requerir a la Administración para que cese en su conducta, y si en 10 días dicho requerimiento no es atendido, el particular puede solicitar auxilio judicial. También permite la Ley ir directamente ante los Tribunales a denunciar dicha actuación administrativa manifiestamente ilegal, en cuyo caso, el plazo será de 20 días desde el día en que se inició la vía de hecho administrativa (art. 46.3 LJCA).

Según el artículo 32.2 de la LJCA, “Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.”, es decir, “el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.”. Estas medidas del artículo 31.2 podrían ser, siguiendo los ejemplos antes dados, la condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el cierre indebido de la industria durante un plazo determinado de tiempo, o la declaración de propiedad del inmueble ocupado indebidamente y la obligación de pagar los perjuicios por rentas dejadas de obtener durante el plazo de ocupación indebida, además de los intereses de demora.

DIFERENCIAS EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA VÍA DE HECHO: La tramitación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una vía de hecho será igual a la que se lleva a cabo contra cualquier actuación administrativa; la única diferencia respecto al resto de recursos contenciosos se refiere al régimen de las medidas cautelares:

.- según el artículo 136.1 de la LJCA, en caso de vía de hecho la medida cautelar (generalmente será obligar al cese inmediato de la conducta ilegal de la Administración) se adoptará como regla, salvo que se aprecie con evidencia que no concurre ninguna vía de hecho, o bien que la medida cautelar ocasione una perturbación grave de los intereses generales o de tercero.

.- según el apartado 2º del mismo artículo 136, las medidas cautelares podrán solicitarse incluso antes de la interposición del recurso, dada la gravedad de la conducta administrativa.

Aunque la Administración no siempre actúa de acuerdo con la ley, ello no quiere decir que toda infracción normativa implique una vía de hecho, pues la vía de hecho, tal como se ha definido, queda reservada para los casos más graves y evidentes de falta de competencia o de falta total y absoluta de procedimiento. No es habitual, por tanto, que la Administración incurra en actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho, pero lo cierto es que en ocasiones sí se dan, especialmente en materia de ocupación de fincas para ejecutar obres públicas. Ello puede ser debido a una falta de rigor en la redacción de los proyectos o de la ejecución material de la obra, o bien por existir un convencimiento erróneo de que determinadas fincas ya son de titularidad pública cuando en realidad no lo son.

En estos casos es conveniente denunciar enseguida dichas irregularidades y preparar los elementos de prueba, no solo de la titularidad de la finca, sino también de los daños y perjuicios económicos ocasionados con dicha ocupación irregular, para poderlos reclamar adecuadamente ante el Juzgado o Tribunal correspondiente.

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