Plazos del Recurso de Reposición tras la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común

Tras la aprobación de la Ley 39/2015, un recuso de reposición contra la desestimación presunta de una solicitud dirigida a la Administración que agote la vía administrativa es recurrible en cualquier momento sin límite de plazo

En anteriores artículos examinamos como habían quedado los plazos para interponer y resolver un recurso de alzada tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (en adelante LPAC) que derogó la Ley 30/92 (ver el artículo “Plazos del recurso de alzada tras la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común”).

En esta ocasión analizaremos los plazos del recurso de reposición entendido como un instrumento potestativo y previo a la vía judicial puesto a disposición del interesado para impugnar aquellos actos administrativos que agotan la vía administrativa, en los que, por tanto, ya no cabe recurso de alzada.

Plazo para interponer recurso de Reposición:

Según dispone el art. 124 de la LPAC, el plazo para interponer un recurso de reposición es de 1 mes si el acto que se recurre fuera expreso o bien si el acto a recurrir fuese presunto, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

En defecto de previsión legal específica, el plazo a partir del cual el interesado puede considerar desestimada una solicitud es el de 3 meses a tenor de lo que dispone el art 21 de la LPAC, por lo que, pasado este plazo -o el específico que disponga una ley para un procedimiento concreto- el interesado podría interponer recurso de reposición en cualquier momento.

Ello implica que las solicitudes dirigidas a la Administración que no sean resueltas en el plazo señalado legalmente, se podrán recurrir en reposición sin límite de plazo.

De esta forma, al igual que sucede con el nuevo plazo del recurso de alzada, la LPAC recoge también para el recurso de reposición la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras: sentencia de fecha 10 de abril de 2014) por la que establece que cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo, no existe plazo para interponer el correspondiente recurso ya sea recurso de reposición o bien directamente recurso contencioso administrativo. 

Vale la pena destacar que cuando transcurren más de 6 meses desde que se puede considerar desestimada una solicitud (3 meses en general, como hemos visto) parece recomendable interponer recurso de reposición antes del recurso contencioso-administrativo, ya que la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA) no dice expresamente que ante el silencio administrativo se pueda interponer recurso contencioso administrativo en cualquier momento, sino que el art 46.1 de la LJCA establece un plazo máximo de 6 meses para interponer recurso frente a una desestimación presunta.

Por este motivo, a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dictada en la materia, es posible que el órgano judicial no la considere aplicable e inadmita el recurso por extemporáneo. Por tanto, en estos casos, para mayor seguridad, parece recomendable interponer previamente el recurso de reposición.

Plazo para resolver el recurso de reposición:

Tal como prevé el art 124.2 de la LPAC, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de 1 mes, de manera que una vez transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, se podrá entender desestimado pudiendo interponerse únicamente recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de 6 meses según dispone el art. 46.1 de la LJCA.

Por tanto, al plantear un recurso, conviene tener presente tanto los plazos para su interposición como para su resolución, especialmente cuando nos encontramos ante el silencio administrativo, puesto que los efectos del transcurso del tiempo pueden ser determinantes para producir el efecto jurídico deseado o bien para plantear una segunda revisión, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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