Cumplimiento de las directivas sobre eficiencia energética: España suspende.

economia_consumidores_afectados_4617_21165511En los últimos meses se han sucedido malas noticias en cuanto al cumplimiento del estado español de los compromisos europeos sobre mejora de la eficiencia energética:

 Por un lado, el estado español remitió en fecha 26 de abril de 2013 el informe anual sobre el nivel de consecución de los objetivos fijados por la directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, y la UE solicitó al Estado español una explicación más detallada puesto que el referido informe no contenía información acerca de la forma y datos en base a los cuales se habían calculado los objetivos fijados por España, estableciendo como plazo máximo el 27 de junio de 2013.

 La respuesta a dicha petición fue mediante un informe de 17 de mayo de 2013, en el que, como conclusión, se dice que se presentan los objetivos nacionales en materia de eficiencia energética, según se ha requerido, pero que dichos objetivos no son válidos pues el escenario macroeconómica ha cambiado y, por tanto, a finales de abril de 2014, con ocasión del nuevo informe anual, ya se dará otra cifra, junto con el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.

 Por otro lado, el pasado mes de enero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por no haber incorporado al ordenamiento interno la directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios.

 Dos directivas que marcan una dirección clara acerca del futuro desarrollo de nuestra sociedad, con una gran transcendencia a nivel energético, económico y ambiental, y que el estado español no cumple.

 Teniendo en cuenta que en ambos casos se establecen retos de gran calado para el conjunto de las administraciones públicas (acciones en materia de alumbrado público, de instalaciones de tratamiento de aguas, y de eficiencia energética de edificios públicos), que su situación financiera es muy complicada, y que la legislación actual es muy restrictiva con las posibilidades de endeudamiento del sector público, cabe preguntarse cómo va a afrontar la Administración los retos que se le plantean en materia de eficiencia energética. Habrá que estar muy pendientes del informe de abril 2014 para ver qué objetivos finalmente se fija el estado español en materia de eficiencia energética, y de qué manera piensa conseguirlos (subvenciones? sanciones? Cambios normativos para introducir nuevas obligaciones?).

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